El mejor ejemplo de lo que provoca la ley que prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua, es el caso de Amalia, la joven que pese a tener cáncer invasivo en distintas partes del cuerpo, fue obligada por las autoridades de salud a continuar con un embarazo que no se logró llevar a término.

Bertha Sánchez Miranda, coordinadora del Grupo Feminista de León, dijo a Cimacnoticias que: "si esto pasó con Amalia, ¿qué pasará con todas esas mujeres pobres y sin acceso a los medios de comunicación que mueren en el país?

Entrevistada vía telefónica, recordó que cuando Amalia se enteró de que padecía un cáncer
terminal que se propagó por sus pulmones, cerebro y senos, también supo que estaba embarazada, pero al pedir ayuda a los médicos para alargar su vida y poder cuidar de su hija de 10 años, las autoridades decidieron tratarle la enfermedad y no interrumpir la gestación.

Esa decisión se basó en la ley que penaliza el aborto terapéutico bajo cualquier circunstancia,
adoptada por la Asamblea Nacional en  octubre de 2006, solicitada por el presidente, Daniel Ortega que derogó la ley que establecía el derecho de las mujeres de aquel país para un aborto terapéutico desde 1870.

Con esta medida, las mujeres no tienen el derecho a interrumpir un embarazo aunque su vida corra grave peligro, como fue el caso de Amalia.

Ante esto, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles han hecho recomendaciones específicas al Estado para que modifique la legislación y proteja los derechos humanos de las mujeres.

Pero hasta el momento no hay resultados favorables, por el contrario, a decir de Sánchez
Miranda, con este caso se trató de comprobar que el aborto terapéutico no era necesario para
mantener la vida de una mujer embarazada con cáncer, y demostrar que el producto de la
gestación se lograría. Lo cual no sucedió.

El pasado sábado 24 de julio, Amalia presentó un parto prematuro en el que nació muerto el feto;
después de esto, "el Ministerio de Salud resguardó a la joven y reforzaron la seguridad
del hospital donde permaneció casi seis días", dijo la activista nicaragüense.

De acuerdo con Sánchez Miranda, Amalia se encuentra estable, ya terminaron sus quimioterapias pero seguirá con medicamentos que se espera sigan administrando las autoridades de salud, pues insistió en que fueron ellos quienes en un principio le negaron la posibilidad de interrumpir el embarazo.

Cuando culminó el embarazo de Amalia, organizaciones como el Grupo Feminista de León,
el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico y el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh), presentaron una denuncia contra el Estado nicaragüense por tortura y maltrato.

La denuncia, que se interpuso ante la Policía
Nacional, no prosperó, y ahora las organizaciones
esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre este tema.

La activista señaló que seguirían con su exigencia para que los ministros den trámite a un
recurso de inconstitucionalidad contra la penalización del aborto terapéutico en ese país centroamericano.